Feminización de la pobreza en Colombia: alerta de la Defensoría del Pueblo

La feminización de la pobreza en Colombia y su impacto en los derechos humanos

La feminización de la pobreza en Colombia es un fenómeno que refleja desigualdades estructurales profundas. Este término describe cómo las mujeres, en especial las madres cabeza de hogar y campesinas, experimentan niveles de pobreza más elevados que el resto de la población.

Esta realidad se traduce en exclusión social, desigualdad económica y la vulneración persistente de derechos fundamentales.

La pobreza en Colombia constituye un problema de derechos humanos interrelacionado. No solo es la consecuencia de violaciones a derechos básicos como la educación, el trabajo y la alimentación, sino que también perpetúa ese ciclo de vulnerabilidad y desprotección.

Según la Defensoría del Pueblo, las mujeres sufren esta doble carga debido a barreras en el acceso al empleo formal y la propiedad, factores decisivos en la brecha de pobreza.

Las estadísticas del DANE revelan que, para 2024, la pobreza monetaria es 7,7 puntos porcentuales más alta en hogares liderados por mujeres que en aquellos encabezados por hombres.

Además, el coeficiente de Gini de 0,53 sitúa a Colombia entre los países con mayor desigualdad a nivel global, exacerbando la exclusión femenina.

Por ejemplo, las madres cabeza de hogar enfrentan mayores dificultades para acceder a bienes y servicios, agravando su situación.

Por tanto, es imperativo que el Estado y la sociedad implementen respuestas urgentes, integrales y sostenidas que garanticen la igualdad real y efectiva.

Solo así se podrán superar las desigualdades que convierten a la pobreza en un problema crónico y estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Contexto socioeconómico de Colombia: crecimiento económico versus desigualdad persistente

Colombia se posiciona como un país de ingreso medio-alto y una de las principales economías de América Latina. Según el Banco Mundial (julio de 2025), este estatus refleja un avance económico significativo, pero no implica la superación automática de las problemáticas sociales.

Entre 2020 y 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) presentó un crecimiento promedio anual del 2,66%, indicador positivo que evidencia cierta recuperación y estabilidad macroeconómica.

Este ritmo de crecimiento ha permitido avances importantes, como la reducción de la pobreza monetaria del 43,1% en 2020 al 31,8% en 2024, y la caída de la pobreza extrema del 17,3% al 11,7% en el mismo período, según datos oficiales del DANE.

Estos logros, sin embargo, contrastan con la persistencia de profundas desigualdades en la distribución del ingreso.

El coeficiente de Gini, indicador que mide la desigualdad, alcanzó un elevado valor de 0,53 en 2024, ubicando a Colombia entre los países con mayor desigualdad mundial, solo superado por Sudáfrica y Namibia.

Este dato subraya que, a pesar de los avances económicos y sociales, la brecha entre ricos y pobres se mantiene amplia y representa un desafío estructural para el desarrollo equitativo.

De esta forma, el crecimiento económico no ha logrado traducirse plenamente en reducción de la desigualdad, lo que afecta especialmente a poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres en situación de pobreza.

Así, se hace evidente la necesidad de políticas públicas integrales que no solo fomenten la economía, sino que también atiendan las desigualdades históricas y estructurales en Colombia.

Brecha de género en la pobreza: causas y manifestaciones de la feminización

La feminización de la pobreza en Colombia refleja una brecha de género profunda y persistente. Los hogares encabezados por mujeres experimentan una tasa de pobreza monetaria 7,7 puntos porcentuales más alta que aquellos con liderazgo masculino.

Esta diferencia se sustenta en barreras significativas que limitan el acceso de las mujeres al empleo formal, a la propiedad de activos y a una educación de calidad.

Asimismo, el bajo logro educativo y la prevalencia del trabajo informal elevan la pobreza multidimensional en estos hogares.

Por ejemplo, muchas mujeres campesinas y madres cabeza de hogar, especialmente en zonas rurales y étnicas, enfrentan exclusión social que perpetúa su precariedad económica y limita sus posibilidades de desarrollo.

Esta realidad confirma que la feminización de la pobreza no sólo es económica sino también social y estructural.

Además, la exclusión afecta a mujeres en todas sus diversidades, incluyendo indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado, quienes requieren políticas con enfoque interseccional.

Reconocer y superar estas barreras es crucial para garantizar derechos fundamentales y reducir las desigualdades.

Por tanto, es imprescindible que las respuestas estatales y sociales sean integrales y sostenidas, enfocadas en cerrar las brechas de género y promover la inclusión real de las mujeres en todos los ámbitos.

Distribución territorial de la pobreza y desigualdad: ciudades y departamentos en foco

La desigualdad y la pobreza en Colombia muestran fuertes diferencias según la ubicación territorial, lo que impacta de manera particular a las mujeres en sus diversas condiciones.

Ciudades como Quibdó, con 59,6% de pobreza monetaria, y Riohacha, con 48,8%, lideran los índices más altos.

Otras urbes como Valledupar (47,5%), Sincelejo (46%) y Cartagena (41,1%) también registran porcentajes preocupantes.

En términos de pobreza extrema, Quibdó presenta un alarmante 29,7%, seguido por Riohacha (25,9%) y Valledupar (13,4%).

Por otro lado, los departamentos con mayores niveles de pobreza multidimensional —que incluye factores como educación y empleo— son Vichada (70,2%), Guainía (49%) y La Guajira (39,3%), zonas con fuerte presencia de comunidades étnicas y rurales.

Esta distribución evidencia una correlación directa con la feminización de la pobreza, pues las mujeres, especialmente campesinas e indígenas, enfrentan barreras adicionales en estos territorios.

Así, resulta imprescindible un enfoque territorial en las políticas públicas, otorgando prioridad a las realidades específicas de cada región para erradicar la pobreza y mitigar sus impactos de género en Colombia.

Derechos sociales vulnerados: empleo, educación y alimentación en la feminización de la pobreza

La feminización de la pobreza en Colombia se manifiesta particularmente en la vulneración de derechos sociales fundamentales: empleo, educación y alimentación.

En el ámbito laboral, aunque la tasa de ocupación alcanzó un 58,9% en 2025, la informalidad persiste elevada, afectando principalmente a mujeres campesinas, cuidadoras y jóvenes aprendices.

Esta exclusión del empleo formal limita el acceso a ingresos estables y prestaciones sociales, profundizando la desigualdad.

En educación, el bajo logro académico tiene un impacto crítico en la pobreza multidimensional.

Preocupa que el 9,54% de niños y niñas entre 5 y 16 años están por fuera del sistema, junto a una tasa de repitencia del 8,8%, la más alta desde 2015.

La brecha entre educación pública y privada afecta especialmente a comunidades rurales y étnicas, perpetuando la pobreza intergeneracional.

Respecto a la alimentación, 1 de cada 4 hogares enfrenta inseguridad moderada y 5 de cada 100, inseguridad grave.

Esta situación impacta en la salud y desarrollo, con retrasos en talla del 29,6% en la niñez indígena, aunque la mortalidad infantil por desnutrición bajó un 42% entre 2022 y 2024.

Sin embargo, persisten desafíos para asegurar la nutrición adecuada.

Frente a este panorama, la Defensoría pide fortalecer políticas públicas que promuevan empleo digno, mejoren la educación y garanticen seguridad alimentaria, con enfoque interseccional.

Llamados y propuestas de la Defensoría del Pueblo para combatir la feminización de la pobreza

La Defensoría del Pueblo enfatiza la urgencia de implementar políticas integrales para enfrentar la feminización de la pobreza en Colombia.

Entre sus propuestas clave destacan el fortalecimiento del empleo y emprendimiento femenino, especialmente en zonas rurales y poblaciones étnicas, y la reducción de la brecha salarial de género junto con la formalización laboral de las mujeres.

Además, subraya la importancia del reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidado no remunerado, y la ampliación del acceso a educación superior y formación técnica para mujeres jóvenes, como herramientas vitales para romper ciclos de pobreza.

Solicita actualizar encuestas nacionales y métodos para medir desigualdad estructural, así como ratificar el Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y convocar mesas técnicas multisectoriales que impulsen estos objetivos.

Conclusión

En el marco del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, la Defensoría del Pueblo ha subrayado una verdad ineludible: la persistente feminización de la pobreza en Colombia no es solo una cifra alarmante, sino un llamado urgente a la acción.

Este fenómeno, que profundiza la exclusión social y la desigualdad económica, compromete la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres en todas sus diversidades, especialmente de aquellas que lideran hogares y comunidades rurales.

Es momento de responder con políticas integrales y sostenidas: fortalecer el empleo femenino, reducir brechas salariales, ampliar el acceso educativo y garantizar seguridad alimentaria son pasos ineludibles para romper ciclos históricos de pobreza.

Solo así, podremos transformar realidades y construir un futuro donde la justicia social deje de ser una aspiración para convertirse en una condición. ¿Estamos preparados para asumir este compromiso colectivo y desbloquear el potencial de miles de mujeres y sus familias?