Feminización de la pobreza en Colombia: alerta de la Defensoría 2024
La Defensoría del Pueblo alerta que, a pesar de la notable reducción de la pobreza monetaria en Colombia del 43,1% en 2020 al 31,8% en 2024, persiste una grave feminización de la pobreza.
Este fenómeno refleja que las mujeres, especialmente madres cabeza de hogar y campesinas, enfrentan condiciones de vida más precarias y mayores barreras para acceder a derechos fundamentales.
Esta realidad no es solo una crisis social, sino un problema de derechos humanos que demanda respuestas urgentes e integrales tanto del Estado como de la sociedad.
En este artículo, exploraremos las cifras clave del DANE y la Defensoría, analizaremos las causas estructurales de la feminización de la pobreza y discutiremos los retos y propuestas para garantizar igualdad y dignidad a las mujeres colombianas.
Evolución de la pobreza y su impacto en mujeres según la institución garante de derechos humanos
La reducción de la pobreza en Colombia parece un avance alentador, pero el análisis detallado revela una realidad compleja y desbalanceada, especialmente para las mujeres.
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria disminuyó del 43,1% en 2020 al 31,8% en 2024, equivalente a una reducción de 11,3 puntos porcentuales.
Entre 2022 y 2024, 2,1 millones de personas lograron salir de la pobreza, y 1 millón superó la pobreza extrema.
Sin embargo, estas cifras positivas esconden la persistencia de desigualdades significativas que afectan principalmente a las mujeres.
La Defensoría del Pueblo enfatiza que la pobreza es un problema estructural de derechos humanos, siendo tanto causa como consecuencia de violaciones a derechos fundamentales.
Especialmente, la feminización de la pobreza muestra que las mujeres enfrentan mayores obstáculos, mayor exclusión social y restricciones en el acceso a derechos básicos como empleo formal, educación y propiedad.
Por ejemplo, los hogares encabezados por mujeres registran índices de pobreza monetaria superiores en 7,7 puntos porcentuales a aquellos liderados por hombres, reflejando barreras sistémicas y estructurales.
Este fenómeno afecta la dignidad y bienestar de mujeres en todas sus diversidades, como madres cabeza de hogar y campesinas, que soportan condiciones económicas precarias y vulnerabilidad constante.
Por ende, la Defensoría llama a respuestas urgentes e integrales por parte del Estado y la sociedad para garantizar un enfoque sostenible que rompa estas desigualdades y reconozca la pobreza como una grave violación de derechos humanos.
Persistente feminización de la pobreza: barreras y exclusión social que alerta la Defensoría del Pueblo
La feminización de la pobreza en Colombia sigue siendo un fenómeno crítico que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas en situaciones más vulnerables. Los hogares con liderazgo femenino presentan índices de pobreza superiores, con una brecha significativa de 7,7 puntos porcentuales en pobreza monetaria comparados con aquellos encabezados por hombres.
Esta realidad refleja los obstáculos persistentes que enfrentan las mujeres para acceder a derechos básicos y mejorar sus condiciones de vida.
Las barreras en el acceso al empleo formal, a la propiedad y la educación son factores determinantes de esta desigualdad.
Muchas mujeres, particularmente madres cabeza de hogar y campesinas, enfrentan exclusión laboral y económica debido a la informalidad predominante en sectores donde suelen trabajar.
Además, la carencia de acceso a la propiedad limita su autonomía y capacidad económica.
En materia educativa, la brecha se manifiesta en menores oportunidades para capacitación y formación técnica, perpetuando ciclos de pobreza intergeneracional.
Un ejemplo contundente es la situación de las mujeres campesinas y de comunidades étnicas, quienes mantienen tasas elevadas de pobreza multidimensional.
Este patrón evidencia que la feminización de la pobreza no es un problema aislado, sino interseccional, afectando diversidades femeninas con distintos grados de vulnerabilidad.
Por ello, la Defensoría del Pueblo insiste en que la atención a este fenómeno requiere políticas inclusivas y sostenidas.
En conclusión, la persistente feminización de la pobreza demanda respuestas integrales de Estado y sociedad. Reconocer y superar las barreras estructurales en empleo, propiedad y educación es fundamental para avanzar hacia la igualdad real y garantizar los derechos humanos de las mujeres en Colombia.
Desigualdad territorial y social en la pobreza femenina alertada por la Defensoría: análisis detallado 2020-2024
La desigualdad territorial es un factor crítico que agrava la feminización de la pobreza en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, las ciudades como Quibdó, Riohacha y Valledupar presentan algunos de los índices más altos de pobreza monetaria, alcanzando respectivamente el 59,6%, 48,8% y 47,5%.
Estos números reflejan condiciones de vida extremadamente precarias para muchas mujeres, especialmente aquellas cabeza de hogar y campesinas.
En términos de pobreza extrema, estas ciudades también destacan con índices alarmantes. Quibdó tiene un 29,7% de pobreza extrema, mientras que Riohacha y Valledupar reportan 25,9% y 13,4%, respectivamente.
Esta vulnerabilidad territorial se traduce en mayores dificultades para que las mujeres accedan a derechos fundamentales como empleo formal, educación de calidad y servicios de salud adecuados.
Por otro lado, los departamentos de Vichada, Guainía y La Guajira concentran las mayores tasas de pobreza multidimensional, con porcentajes del 70,2%, 49% y 39,3%.
Esta pobreza multidimensional, que incluye bajo logro educativo y trabajo informal, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y perpetúa ciclos de exclusión social y económica.
Estos datos evidencian cómo la pobreza en Colombia no solo es generalizada, sino que presenta un sesgo territorial y de género, intensificando las desigualdades para las mujeres. Así, la Defensoría del Pueblo reafirma la necesidad de respuestas integrales y focalizadas que combatan estas disparidades en las regiones más afectadas.
Derechos sociales vulnerados en la feminización de la pobreza: trabajo, educación y alimentación según la Defensoría
La Defensoría del Pueblo destaca que los derechos sociales fundamentales están gravemente afectados en el contexto de la feminización de la pobreza en Colombia. En primer lugar, el derecho al trabajo presenta importantes barreras para las mujeres, debido a la alta informalidad y exclusión laboral.
Aunque la tasa de ocupación alcanzó el 58,9% en 2025 y el desempleo bajó al 8,8%, la informalidad sigue siendo persistente, especialmente en sectores como agricultura y servicios tercerizados.
Se propone una reforma laboral inclusiva que integre a poblaciones vulnerables como madres cabeza de hogar y mujeres campesinas, garantizando trabajo digno y decente.
En cuanto al derecho a la educación, la Defensoría alerta sobre el bajo logro académico como principal factor de incidencia en la pobreza multidimensional.
Datos señalan que el 9,54% de niños y niñas entre 5 y 16 años están fuera del sistema educativo, y la tasa de repitencia alcanzó el 8,8%.
La brecha entre educación pública y privada perpetúa la exclusión, impactando severamente a las mujeres en comunidades rurales y étnicas.
Erradicar el analfabetismo en estos sectores es un reto prioritario para romper ciclos de pobreza.
Finalmente, el derecho a la alimentación también se ve comprometido. El DANE indica que 1 de cada 4 hogares enfrenta inseguridad alimentaria moderada, y 5 de cada 100 hogares, inseguridad grave, afectando especialmente a la niñez indígena, donde los retrasos en talla alcanzan el 29,6%.
A pesar de una reducción del 42% en mortalidad infantil por desnutrición entre 2022 y 2024, persisten desafíos para garantizar la seguridad alimentaria en hogares liderados por mujeres.
Por tanto, estas vulneraciones requieren respuestas integrales y sostenidas para proteger el derecho al trabajo, educación y alimentación, claves para enfrentar la feminización de la pobreza.
Llamados urgentes de la Defensoría y propuestas para revertir la feminización de la pobreza en Colombia
La Defensoría del Pueblo destaca la urgencia de implementar políticas integrales para combatir la feminización de la pobreza en Colombia. Estas medidas deben focalizarse en fortalecer el empleo y emprendimiento femenino, especialmente en zonas rurales y comunidades étnicas, donde las barreras son más profundas.
Además, es fundamental reducir la brecha salarial de género y promover la formalización laboral para garantizar derechos y estabilidad a las mujeres. Otra propuesta clave es la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado a través de políticas de corresponsabilidad social y familiar, reconociendo esta carga que limita oportunidades económicas.
El acceso ampliado a la educación superior y formación técnica para mujeres jóvenes se presenta como vía esencial para romper los ciclos intergeneracionales de pobreza. Para atender la diversidad femenina, la Defensoría insiste en diseñar programas con enfoque interseccional que consideren las realidades específicas de mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado.
Estas acciones conjuntas por parte del Estado y la sociedad civil son indispensables para revertir esta desigualdad estructural.
Conclusión
La institución garante de los derechos humanos alertó sobre la persistente feminización de la pobreza en Colombia, un fenómeno que revela cómo las mujeres enfrentan condiciones de vida más precarias y mayores obstáculos para acceder a derechos básicos.
Aunque la pobreza monetaria disminuyó significativamente entre 2020 y 2024, y millones de personas lograron salir de la pobreza extrema, persiste una preocupante brecha que afecta desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a madres cabeza de hogar y campesinas.
Es imprescindible que el Estado y la sociedad actúen con urgencia e integridad: fortalezcamos políticas de empleo femenino, reduzcamos la brecha salarial y promovamos la educación y el trabajo digno para romper los ciclos de pobreza.
Recordemos que la erradicación efectiva de la pobreza feminizada no solo impulsa la justicia social sino que también protege la dignidad humana y garantiza derechos fundamentales para un futuro más equitativo y próspero para Colombia.